Este martes, la testigo de la Fiscalía, Yara Campos, directora ejecutiva del Tribunal Electoral, afirmó ante el tribunal que las donaciones privadas recibidas por partidos políticos y candidatos durante el periodo electoral 2009-2014 no eran ilegales, de acuerdo con la normativa electoral vigente en ese momento. La abogada Alma Cortés, integrante del equipo defensor del expresidente Ricardo Martinelli, fue la encargada de confrontar a la testigo durante el octavo día de la audiencia ordinaria del caso Odebrecht. Durante el contrainterrogatorio, Cortés consultó si en 2009 existía alguna denuncia por donaciones políticas relacionadas con el partido Cambio Democrático (CD) o con su entonces representante legal, Ricardo Martinelli. Campos respondió que, para ese periodo, la legislación electoral panameña permitía recibir donaciones en cualquier momento, tanto para campañas electorales como para el funcionamiento regular de los partidos políticos, siempre que los aportes debidamente registrados ante el Tribunal Electoral. Añadió que no recuerda denuncias ni procesos dentro de la jurisdicción electoral por donaciones recibidas durante la campaña de 2009, ni solicitudes formales de informes por parte de autoridades competentes. La testigo también explicó que antes de las reformas electorales de 2017 no existían tope para las donaciones, por lo que las campañas podían recibir montos elevados de manera legal. Indicó que fue a partir de las reformas aplicadas para las elecciones de 2019 cuando se eliminó la confidencialidad de los aportes, se estableció la publicación obligatoria del financiamiento político y se fijaron límites a las donaciones privadas. Durante la jornada, la Fiscalía presentó además al empresario Gabriel Alvarado como segundo testigo, quien solicitó ocultar su rostro durante su comparecencia. Su testimonio no tuvo mayor impacto y no fue confrontado por la defensa del expresidente Martinelli.
