Corte Suprema declara inconstitucional contrato de puertos de Panamá

La Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional la Ley N° 5 del 16 de enero de 1997, sus adendas y el acto de extensión del contrato de concesión otorgado a Panama Ports Company. Esta decisión está directamente relacionada con el contrato de concesión firmado entre el Estado panameño y Panama Ports Company, a través del cual la empresa fue asignada la responsabilidad del desarrollo, construcción, operación, administración y gestión de los terminales portuarios para contenedores, carga general, carga a granel, Ro-Ro y pasajeros en los puertos de Balboa y Cristóbal. Según la empresa, la concesión fue otorgada mediante un proceso de licitación internacional transparente y, desde entonces, ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales y legales, incluyendo auditorías estatales. La Corte concluyó que las leyes y actos impugnados violan la Constitución Política. El comunicado de la empresa también advierte que la decisión judicial no solo pone en riesgo el contrato PPC, sino que también afecta el bienestar de miles de familias panameñas que dependen directa o indirectamente de la actividad portuaria, además de impactar la estabilidad institucional, el estado de derecho y la confianza en el país. En respuesta, la empresa llamó al diálogo y coordinación con las autoridades para evitar la interrupción de la concesión y proteger los servicios portuarios. El gobierno chino también reaccionó a la resolución, afirmando que la empresa afectada considera que la decisión del tribunal panameño es contraria a las leyes que aprobaron la concesión y que se reserva todos sus derechos, incluyendo los legales. El presidente José Raúl Mulino se dirigió a la nación, asegurando que PPC continuará operando normalmente hasta que la resolución quede en firme, después lo cual comenzará un período de transición que culminará en una nueva concesión favorable para Panamá.