El fallo judicial de inconstitucionalidad sobre Panamá Ports ha sido interpretado en algunos sectores como parte de una pugna entre poderes hegemónicos —China y Estados Unidos— en cuyo campo de acción se encuentra inevitablemente la República de Panamá. En realidad, se trata de una competencia geopolítica en la que el más pequeño de los protagonistas sufrirá las consecuencias, según lo ha advertido el país asiático, presuntamente el más afectado. Mientras esa lucha de gigantes se desarrolla, el ciudadano común observa, con indignación, cómo las figuras que durante años elaboraron los mamotretos contractuales sobre los puertos, se pasean impunemente y disfrutan las riquezas obtenidas mediante conductas deleznables que son una clara traición a la patria. Juristas de reconocida trayectoria señalan que el fallo de la Corte Suprema sobre la concesión portuaria, revela la forma en que el Estado negocia, fiscaliza y hasta blinda jurídicamente esos contratos. Lo cierto es que no es el Estado quien negocia, sino personas, individuos que, investidos de un poder temporal —presidentes, ministros o diputados—, quienes venden la patria a favor de intereses personales. El resultado de tales comportamientos queda evidenciado en el fallo de inconstitucionalidad emitido por el máximo órgano de Justicia. El mensaje de la Corte Suprema pone de relieve las debilidades en la supervisión del cumplimiento de los contratos entre el Estado y corporaciones privadas. Es insólito que hayan sido acordadas renovaciones automáticas de los acuerdos firmados sin cumplir los requisitos establecidos. Panama Ports Company.
Escándalo de Panamá Ports: Una Sentencia Judicial
Una corte panameña declaró inconstitucionales los contratos con Panama Ports. La población recibió con alivio la decisión, pero exige sanciones para los responsables. Expertos ven en ello una lucha geopolítica entre China y EE. UU. que involucra a Panamá.
