«Por eso el filtro no puede ser solo un papel, tiene que ser real», expresó. Experiencias que no se pueden repetirLa dirigente del Movimiento Pro Mujeres recordó que Panamá ya ha vivido episodios graves en centros de atención infantil, donde la falta de control institucional terminó en negligencias, cierres y procesos administrativos. «Cada cierto tiempo escuchamos que en un centro hubo maltrato. Eso pasa porque no se revisa bien quién entra a trabajar ahí ni cómo se supervisa», indicó. A su juicio, el caso del CAI de Tocumen debe servir para revisar de fondo el sistema de atención integral y no limitarse a una reacción coyuntural. «No puede ser que solo actuemos cuando estalla un escándalo. Hay que saber si esa persona está en condiciones de trabajar con niños y poblaciones vulnerables», señaló. Explicó que los menores y adultos mayores suelen ser blanco fácil de manipulación cuando no existe una supervisión permanente. «Un niño puede ser presionado, convencido o comprado para que se calle. Esa es la realidad. Es revisar condiciones, trato, alimentación, salud, estado emocional y ver si realmente se está cumpliendo la función de protección», dijo. Aunque el debate surge por la situación del CAI de Tocumen bajo la órbita de SENNIAF, Torres subrayó que el problema es nacional y estructural. «Esto no es solo Tocumen. No cualquier persona puede estar con niñas que están creciendo, con niños o con adultos con discapacidad», afirmó. Para la activista, el problema no es solo estructural, sino humano. Es cómo Panamá cuida a sus niños y a sus poblaciones más frágiles. Esto tiene que ser permanente: inspecciones, evaluaciones, seguimiento», sostuvo. Responsabilidad de operadores y EstadoTorres enfatizó que la responsabilidad no recae únicamente en el trabajador de turno, sino también en quienes administran los centros y en el propio Estado. «Las empresas, las juntas directivas y el Estado tienen que responder».
