Durante la gestión de Graciela Mahuad se impulsó un proyecto para convertir un inmueble en un centro transitorio para menores en Farfán, Panamá. El proyecto enfrentó serias deficiencias debido a la falta de planificación técnica. El personal técnico advirtió repetidamente sobre la necesidad de un levantamiento detallado y adecuaciones profundas antes de habilitar el espacio para niños. A pesar de estas alertas, el proyecto avanzó, pero finalmente no cumplió su objetivo y tuvo que ser cerrado. Según fuentes internas, la insistencia en abrir el albergue, pese a las recomendaciones técnicas, podría derivar en responsabilidades penales, debido a posibles afectaciones al patrimonio del Estado y riesgos directos para la integridad de los menores. El edificio, revertido para uso social, fue entregado a SENNIAF sin observaciones previas sobre su estado. Los trabajos comenzaron el 15 de octubre de 2021, y fue hasta el 25 de octubre que la empresa constructora emitió un informe señalando adecuaciones 'indispensables' para la seguridad. La cronología revela que la institución carecía de planos completos, solo contaba con un bosquejo básico. Durante una inspección el 18 de octubre, un equipo técnico halló múltiples fallos de seguridad: problemas estructurales, tuberías de PVC expuestas, ventanas inseguras y deficiencias en la plomería. En el ático se encontraron condiciones aún más graves: posible asbesto, infestación de termitas y deterioro general. Estos factores ponían en riesgo la inversión pública y la seguridad de los menores. Además, se registraron numerosas evasiones de menores, activando alertas Amber y evidenciando fallos en los sistemas de custodia. Los contratistas aseguraron solo ejecutar lo estipulado en el contrato y desconocían las observaciones técnicas, mostrando una desconexión entre la obra y los criterios de seguridad. A pesar de las advertencias, los responsables no volvieron a contactar al equipo técnico. La obra, adjudicada a Compañías Asociadas, S.A., comenzó sin las debidas verificaciones.
