La defensa del expresidente Ricardo Martinelli, representada por el abogado Carlos Carrillo, sostuvo en sus alegatos que el proceso judicial en su contra está viciado por múltiples irregularidades, entre ellas la violación del principio de especialidad en su extradición, el uso de pruebas declaradas nulas en Brasil y la supuesta falta de garantías judiciales, por lo que solicitó la nulidad del proceso y la absolución de su representado. Carrillo afirmó que el 11 de julio de 2024 el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá certificó que nunca se cumplió el principio de especialidad tras la extradición concedida por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Según la defensa, Panamá no solicitó la autorización correspondiente para procesar hechos distintos a los incluidos en la entrega del exmandatario, lo que —a su juicio— invalida la persecución penal. El abogado también cuestionó la conformación del tribunal, alegando que la designación de una juez “ad hoc” vulnera el derecho al juez natural consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese sentido, solicitó que se declare la nulidad de todo lo actuado y se restablezcan las garantías judiciales. Otro de los ejes de la defensa fue la validez de las pruebas. Carrillo argumentó que el caso se sustenta en evidencias provenientes de Brasil vinculadas a la constructora Odebrecht, las cuales han sido declaradas sin valor legal por el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Añadió que incluso autoridades brasileñas extendieron los efectos de esas decisiones a favor de Martinelli, por lo que insistió en que dichas pruebas no pueden ser valoradas en Panamá sin vulnerar el debido proceso. La defensa también denunció que no pudo ejercer el contrainterrogatorio de testigos clave como João Santana y Mónica Moura, lo que dejó al exmandatario en estado de indefensión. Indicó que existían comunicaciones oficiales que advertían sobre la imposibilidad de practicar estas diligencias, pese a lo cual la Fiscalía pretende sustentar la acusación en esos testimonios. En materia probatoria, Carrillo cuestionó además la cadena de custodia de la evidencia digital, señalando la ausencia de certificaciones forenses y de verificación técnica de los datos remitidos desde el extranjero, incluyendo información proveniente de Estados Unidos y Suiza. A esto sumó la alegada violación del fuero parlamentario de Martinelli como diputado del Parlacen, indicando que varias pruebas fueron recabadas en un periodo en el que contaba con esa protección. En cuanto al fondo del caso, la defensa sostuvo que los fondos atribuidos al exmandatario tenían justificación como donaciones políticas canalizadas hacia el partido Cambio Democrático. Según explicó, un peritaje financiero determinó que los recursos fueron utilizados en actividades de campaña y reportados ante el Tribunal Electoral, lo que descarta la existencia de blanqueo de capitales. Carrillo también enfatizó que el Ministerio Público no presentó peritos de trazabilidad financiera que sustenten la acusación, mientras que la propia prueba revela que no todos los fondos manejados en las estructuras investigadas tenían origen ilícito. Finalmente, el abogado reiteró que, ante la supuesta contaminación de la prueba a la que calificó como “árbol envenenado”, el tribunal no puede valorarla sin apartarse del derecho, por lo que solicitó no solo la nulidad del proceso, sino un fallo absolutorio a favor de su representado.
