Un documento oficial remitido a la Asamblea Nacional por la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños (SENADAP) revela una serie de denuncias sobre una presunta persecución institucional y posibles irregularidades administrativas que involucran a funcionarios públicos y a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango.
La nota, dirigida al diputado Jairo Salazar y fechada el 18 de marzo de 2026, recoge señalamientos que, según el propio documento, surgieron luego de una presentación de SENADAP ante el Legislativo. En el contenido, SENADAP afirma haber sido objeto de acciones que califica como represalias, entre ellas la supuesta limitación de recursos operativos como telefonía, internet, vehículos y combustible, lo que, según se indica, habría afectado el funcionamiento de la institución.
El documento también expone presuntas irregularidades administrativas que, a juicio de los denunciantes, podrían constituir delitos como falsificación de documentos, usurpación de funciones, abuso de autoridad y asociación ilícita.
Funcionarios señalados
En la nota se menciona a los funcionarios Guadalupe González, Ricardo Weeks y Felipe Agudo, a quienes se les atribuyen, según el documento, acciones como la supuesta introducción de documentos adulterados en el sistema estatal de nombramientos (SIPRE). Asimismo, se indica que una de las funcionarias habría firmado documentos oficiales asumiendo cargos para los que, según la denuncia, no tenía facultad legal, además de presentar documentación ante instancias como la Contraloría General de la República.
Conflicto administrativo
El documento señala que SENADAP intentó desvincular a los funcionarios mencionados; sin embargo, estas acciones habrían sido rechazadas por instancias superiores, lo que, según la versión expuesta, derivó en su restitución. Además, se detalla una cronología de hechos que incluye amonestaciones previas, restricciones de acceso a sistemas y posteriores decisiones que habrían revertido dichas medidas.
Afectación institucional
Según el contenido de la nota, las supuestas irregularidades habrían impactado a varias entidades públicas, incluyendo estructuras relacionadas con la Contraloría y el sistema de planilla estatal. El documento también advierte sobre limitaciones presupuestarias y operativas que, de acuerdo con la denuncia, estarían afectando el normal funcionamiento de SENADAP.
En la comunicación, SENADAP solicita a la Asamblea Nacional actuar como garante de una investigación que permita esclarecer los hechos denunciados. Finalmente, el documento plantea que la situación descrita podría tener implicaciones en la imagen institucional del país, especialmente en el contexto de relaciones con organismos internacionales.
