La historia del bioetanol en Panamá avanza a trompicones, como si cada intento por ponerla en marcha terminara inevitablemente en pausa. Todo comenzó durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014). En abril de 2011, la Ley 42 trazó el mapa: estableció los lineamientos de la política nacional sobre biocombustibles y abrió la puerta a la generación de energía a partir de biomasa. Dos años después, en abril de 2013, la ley fijó el primer paso obligatorio: la mezcla de bioetanol con gasolina en todo el territorio nacional. El plan era gradual, casi meticuloso: empezar con un 2%, subir al 5% en 2014, al 7% en 2015 y alcanzar el 10% en 2016. Ni el propio gobierno de Martinelli ni el de Juan Carlos Varela (2014-2019) lograron convertir la norma en realidad. Años después, en 2023, el tema regresó al centro del debate bajo el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024). La Ley 355 de 2023, por su parte, ofrecía un esquema más flexible: planteaba una implementación escalonada, iniciando con un 5% en la provincia de Panamá en abril de 2024, ese mismo porcentaje en todo el país en septiembre, luego 7% en 2025 y, finalmente, 10% en abril de 2026. Además, la ley de 2023 incorporaba una cláusula de salvaguarda que facultaba a suspender temporalmente la mezcla si el precio de la gasolina aumentaba de manera considerable para el usuario final. Sin embargo, al cierre de su mandato, en marzo de 2024, el propio gobierno de Cortizo suspendió la implementación hasta el 1 de abril de 2026. Y cuando esa fecha volvió a asomarse en el calendario, la administración de José Raúl Mulino (2024-2029) decidió postergarla nuevamente, alegando la falta de condiciones regulatorias y de mercado adecuadas. El proyecto de ley presentado en 2025, en cambio, rompe con esa lógica escalonada al autorizar directamente una mezcla obligatoria del 10%, sin fases intermedias. El nuevo proyecto introduce cambios que marcan un giro frente a lo planteado originalmente por Martinelli en 2011 y a la reforma impulsada por Cortizo en 2023. El exsecretario de Energía, Juan Urriola, pone el foco en un punto que, a su juicio, ha pasado inadvertido en el debate: la importación. “Métanle el diente a la importación”, insiste. Sobre otros elementos del proyecto, como la obligación de comprar primero la producción nacional o la estabilidad jurídica por 15 años en la fórmula de precios, señala que responden a intentos de asegurar el mercado y dar certidumbre a las inversiones, aunque advierte que estos mecanismos también deben ser evaluados con rigor técnico y fiscal para evitar distorsiones a futuro. El también exsecretario de Energía, Víctor Urrutia, plantea que el equilibrio del modelo pasa por una combinación inteligente entre producción nacional e importada, de forma que el precio final no se dispare para el consumidor. No es una idea nueva ni reciente: es una norma que ha atravesado al menos cuatro gobiernos, entre 2011 y 2026. El calendario volvió a marcar una fecha —el próximo 1 de abril— como punto de partida para el uso obligatorio de bioetanol en los combustibles, pero, una vez más, la medida fue suspendida antes de echar a andar.
