El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, acudió a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia para solicitar la nulidad de la resolución que ordenó el embargo de sus bienes por presunto enriquecimiento injustificado. La fiscalía reporta que el exvicepresidente obtuvo ingresos por $7.1 millones durante su gestión, pero sus bienes declarados superaron los $9 millones, una diferencia de $1.9 millones. Entre los bienes cautelados se encuentran cuentas bancarias en el Banco Nacional de Panamá, Banco General, Multibank y Prival, así como tres fincas en Penonomé, Coclé. El pasado 28 de enero, la jueza Oris Medina imputó a Carrizo el delito de enriquecimiento injustificado y ordenó su arresto domiciliario. En la audiencia, la defensa presentó una advertencia de inconstitucionalidad, argumentando que por su condición de miembro del Parlacen, el proceso debe ser conocido por la Corte Suprema. El 12 de febrero, el Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la medida de arresto domiciliario.
