La trayectoria pública de Jorge Herrera ha estado ligada al Partido Panameñista, del cual fue militante hasta 2019. Durante el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), fue nombrado magistrado suplente de la Contraloría General de la República. El proceso parece rutinario en el papel, pero detrás de él hay una cuenta regresiva: el 30 de junio de 2026, Herrera dejará la presidencia de la Asamblea Nacional, y no hay certeza de que sea reelegido. La Asamblea ha abierto un proceso para elegir un nuevo magistrado que reemplazará a Alfredo Juncá en el Tribunal Electoral (TE). Herrera, diputado por la provincia de Colón y presidente del Partido Panameñista, fue elegido el 1 de julio de 2025 como presidente de la junta directiva para el período legislativo 2025-2026. Su reelección al frente de la Asamblea no está asegurada, y esa incertidumbre es precisamente lo que impulsa la prisa. El favorito: Jaime Barroso. El nombre que con más fuerza se menciona en los pasillos del Palacio Justo Arosemena para ocupar el cargo en el TE es el del actual Contralador General, Jaime Barroso. Y es precisamente lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional. Este martes 31 de marzo, el Legislativo publicó la convocatoria para elegir al magistrado que reemplazará a Alfredo Juncá. Cumpliendo con la Resolución No. 48 del 30 de marzo de 2026, aprobada en el pleno, los ciudadanos interesados en ocupar el cargo de magistrado principal y suplente del TE pueden presentar su candidatura a partir del lunes 6 de abril, hasta el viernes 10 del mismo mes. Los aspirantes deben presentarse personalmente en la Secretaría General de la Asamblea, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., con los requisitos, entre ellos una declaración jurada de no tener antecedentes penales, copia de su título de abogado y certificados de estudios. La diputada Janine Prado, de la bancada Vamos, cuestionó el proceso. '¿Por qué, al cierre de marzo de este año, nos estamos apresurando con un proceso que, a mi juicio, no corresponde a este período legislativo, sino que debería abordarse a partir del 1 de julio, independientemente de quién presida la Asamblea?', cuestionó. También criticó que ambos procesos se ejecuten en paralelo: la elección del Defensor del Pueblo y la del magistrado del TE. '¿Cuál es la prisa?', preguntó. 'Hablamos de institucionalidad, de defender la Asamblea, de hacer lo correcto, pero, a la hora de la verdad, tomamos decisiones que dejan más preguntas que respuestas', añadió. Al activar el procedimiento ahora, Herrera asegura que conducirá la elección desde la presidencia, una posición de influencia que podría perder el 1 de julio, cuando las bancadas reorganicen la junta directiva y los equilibrios políticos cambien. Instalar a Barroso en el TE antes de esa fecha consolidaría, mediante un cargo de 10 años, una presencia afín al panameñismo en el organismo árbitro de las elecciones de 2029. Sin embargo, desde dentro de la Asamblea recordaron que hace una década el nombramiento quedó en el aire y tuvo que esperar al nuevo período. Fue el 31 de octubre de 2016 cuando finalizó la primera legislatura y los diputados no se pusieron de acuerdo. No fue hasta el 3 de enero de 2017 que se eligió a un nuevo magistrado, quien tomó posesión al día siguiente. La velocidad del proceso no es casual. Existe una regla no escrita en la política panameña: quien sabe que el poder tiene fecha de caducidad no lo desperdicia. Herrera, presidente de la Asamblea, está aplicando esta regla. Citó el artículo 246 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea, que otorga potestad al pleno para suplir vacíos legales no establecidos en el reglamento. Las preguntas de Prado quedaron sin respuesta oficial. Advierten que, si no se adelanta el proceso, se corre el riesgo de repetir la historia: que el período de Juncá venciera en diciembre con la Asamblea en receso y la elección se pospusiera para enero de 2027. Mientras tanto, entre los propios diputados se habla de una negociación que va más allá del TE. Se perfila un acuerdo político más amplio en el que el partido oficialista Realizando Metas (RM) y sus aliados nombrarían al Defensor del Pueblo, mientras que el Partido Panameñista retendría el cupo en el Tribunal Electoral. Ambos procesos corren en paralelo: la Comisión de Gobierno, presidida por el diputado oficialista Luis Eduardo Camacho, comenzó a entrevistar a los 35 candidatos para la Defensoría el lunes 30 de marzo. Entre los aspirantes que, según fuentes legislativas, contarían con apoyo, destacan la exmagistrada de la Corte Suprema Ángela Russo y Gina Correa, directora de Documentación de la Asamblea. También se menciona la posible reelección de Eduardo Leblanc. Pero si se nombra a Barroso en el TE, el puesto de Contraloría General quedaría vacante. '¿Cuál es el interés?', cuestionó Prado. Pero el diputado panameñista Francisco Brea defendió el proceso, recordando que la Constitución le da potestad al Legislativo para el nombramiento. 'Es un proceso que no está normado', dijo. Afirmó también que la resolución se votó en la junta directiva ampliada y fue aprobada por mayoría. '¿Por qué nos estamos adelantando tanto?', preguntó Prado. Pero el calendario habla por sí solo.
