En esta ocasión, el caso se tramita por vía civil. Durante la conferencia de prensa, Lilian González Guevara, vocera de CIAM y Adopta Bosque Panamá, indicó que las organizaciones continuarán participando en los procesos legales correspondientes y en el debate público relacionado con la protección ambiental y el desarrollo portuario en el país. Representantes de otras organizaciones civiles presentes anunciaron que evalúan acciones institucionales, entre ellas una solicitud ante la Defensoría del Pueblo, para analizar el alcance de este tipo de medidas en relación con el trabajo de organizaciones de la sociedad civil en Panamá. La empresa Ocean Pacific Financial Services, promotora del proyecto Puerto Barú en David, inició un proceso civil de secuestro preventivo de cuentas bancarias y activos contra el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y la Asociación Adopta Bosque Panamá, según informaron ambas organizaciones en conferencia de prensa. De acuerdo con la información divulgada, la acción corresponde a una medida cautelar y no a una sentencia judicial ni a una sanción administrativa. CIAM y Adopta Bosque Panamá forman parte de una coalición de más de 60 organizaciones que han solicitado la reubicación del proyecto Puerto Barú, tras estudios técnicos que advierten posibles impactos sobre los Manglares de David, ecosistema protegido por la legislación panameña desde 2007. Las organizaciones también recordaron que en agosto de 2025 los promotores del proyecto presentaron querellas penales relacionadas con presuntos delitos contra el honor y la seguridad económica, las cuales no avanzaron en esa etapa procesal. Por su parte, Adopta Bosque Panamá informó que la medida incide en la gestión de cuatro fincas de conservación ubicadas en Chiriquí y Darién, utilizadas para actividades de educación ambiental e investigación científica. Este proceso ocurre en el contexto de un debate público sobre el proyecto portuario. En el caso de CIAM, indicaron que podría verse afectada la prestación de asistencia legal gratuita a comunidades y grupos que solicitan acompañamiento jurídico. El objetivo del secuestro preventivo sería asegurar activos ante una eventual demanda civil futura, conforme a los mecanismos establecidos en la legislación vigente. Las organizaciones señalaron que la medida tiene impacto en su operación administrativa, incluyendo el manejo de fondos destinados a gastos corrientes y compromisos laborales.
