Organizaciones ambientales en Panamá han denunciado una presión sin precedentes vinculada a sus actividades. Los grupos Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y ADOPTA Bosque afirmaron que la empresa desarrolladora del proyecto Puerto Barú y la firma de inversión estadounidense Ocean Pacific Financial Service han logrado el embargo preventivo de sus cuentas bancarias y activos.
Según los activistas, esta demanda civil busca acallarlos y detener la crítica sobre las consecuencias ambientales de la construcción. Los representantes enfatizaron que no buscan cancelar el proyecto por completo, sino su reubicación. Argumentan que la ubicación actual amenaza los manglares de David y la biodiversidad local.
Los activistas señalan que sus afirmaciones se basan en estudios científicos y opiniones de expertos. Los ambientalistas subrayan que las medidas legales son de carácter preventivo y no una sentencia judicial definitiva. Anteriormente, expresaron su preocupación por los cambios en las corrientes oceánicas, el impacto en la reproducción de especies y los efectos del dragado.
“Esta vez, a través de un proceso civil de embargo preventivo de cuentas bancarias y activos, intentan silenciar a nuestras organizaciones en el trabajo de defensa del derecho a un ambiente sano”, declararon los portavoces durante una rueda de prensa.
