Según el consultor René Quevedo, Panamá debe ejecutar de inmediato tres acciones para evitar que la crisis económica se profundice: reducir la burocracia, inyectar liquidez a la economía y establecer límites claros a los subsidios y exoneraciones. El analista también insistió en la necesidad de recuperar la confianza para atraer inversión privada, advirtiendo que sin ese factor no habrá reactivación real. "El dinero no está en la calle, está en la inversión privada", subrayó. A esto sumó una advertencia clave: mientras Panamá duda, otros países como República Dominicana, Costa Rica y Guatemala están compitiendo agresivamente por captar capital extranjero, ofreciendo incentivos y condiciones más atractivas.
Quevedo cuestionó el entorno actual para el sector privado, señalando que el exceso de trámites y restricciones crediticias está asfixiando a los pequeños negocios. De acuerdo con sus datos, el 83.5% de las empresas que cotizan en la seguridad social tienen menos de 10 trabajadores, pero apenas acceden al 12% del financiamiento bancario, lo que limita su crecimiento. "El sector privado se está ahogando en burocracia", afirmó, al tiempo que criticó un discurso político que —según dijo— ha satanizado históricamente la iniciativa privada.
El impacto ya se siente en la calle. Indicó que en 2024 se tramitaron 100 mil contratos laborales menos que en 2019, reflejando una desaceleración del mercado laboral. A esto se suma la caída en la movilidad: sistemas de transporte como el Metro de Panamá registraron 196 mil usuarios menos, una disminución del 23%, lo que evidencia menor actividad económica.
Pese a las inversiones realizadas, incluyendo la ampliación del Canal de Panamá, el sector logístico no ha generado el impacto esperado en el empleo formal. Entre 2014 y 2024 se crearon más de 20 mil empleos, pero todos en la informalidad, mientras 1,784 trabajadores formales perdieron sus puestos. "Sin inversión no hay empleo de calidad, lo que estamos generando es precariedad", advirtió.
Quevedo fue enfático al señalar que decisiones recientes, como el cierre de la mina tras el fallo de inconstitucionalidad, han tenido consecuencias severas: pérdida de miles de empleos, más de 4,600 millones de dólares en inversión privada, caída de 1,600 millones en inversión extranjera, reducción de 2,165 millones en financiamiento bancario e impacto de 900 millones de dólares en proveedores locales. "Esto no es discurso, es data dura", sostuvo.
El economista describió el momento actual como una etapa de recuperación frágil. "Salimos de cuidados intensivos, pero seguimos en sala de recobro. Hay síntomas de mejoría, pero no estamos fuera de peligro", explicó. Además, cuestionó el enfoque de las decisiones públicas: "Estamos tratando de resolver con respuestas pasionales problemas que son matemáticos". Quevedo concluyó que el país debe enfocarse en reconstruir la confianza y generar condiciones estables para la inversión. Advirtió que la pérdida del grado de inversión, el aumento de la deuda que supera los 40 mil millones de dólares y la caída del consumo mantienen a la economía en una situación compleja.
