El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se dirigió al país tras el fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, operadas por Panama Ports Company, filial de la empresa Hutchinson.
El mandatario explicó que su mensaje responde a la relevancia económica y logística de los puertos y a la necesidad de dar previsibilidad a la comunidad portuaria internacional, a los trabajadores y a la cadena logística global. Subrayó que el Gobierno había activado desde hace un año un plan de contingencia ante un eventual fallo adverso.
Mulino detalló que, hasta que la decisión judicial quede ejecutoriada, se mantendrá la continuidad operativa del actual operador y que posteriormente se abrirá un periodo de transición ordenada hacia una nueva concesión. Para coordinar este proceso, designó al ingeniero Alberto Alemán Zubieta como asesor presidencial y líder de un equipo técnico especializado.
El presidente reiteró que durante todo el proceso se garantizará la continuidad de las operaciones, la estabilidad de los trabajadores y la defensa de los intereses del Estado panameño.
