Arturo Saurí, abogado del exministro Demetrio Papadimitriu, sostuvo ante el tribunal que no existe delito alguno en las transferencias investigadas y acusó al Ministerio Público de construir una teoría «selectiva y distorsionada» de los hechos.
Durante sus alegatos, Saurí afirmó que los movimientos de dinero señalados por la fiscalía tienen sustento contractual, al presentar un acuerdo fechado el 31 de marzo de 2010, firmado por Olivio Rodríguez en representación de la sociedad Construcciones y Materiales S.A., el cual según la defensa coincide en tiempo y forma con las transferencias recibidas desde la Constructora Internacional del Sur.
El jurista cuestionó que este contrato, pese a formar parte del expediente, no fue considerado por el Ministerio Público al momento de estructurar la acusación. «Se creó la ficción de que no existía relación comercial», alegó, señalando que la fiscalía solo incorporó parcialmente documentos del expediente, limitándose hasta ciertos tomos y omitiendo piezas clave.
