Dos personas fueron detenidas durante operaciones de registro y allanamiento realizadas en el distrito de San Miguelito como parte de la Operación 'Istmo 2.0', liderada por la Fiscalía Especializada Anticorrupción de Panamá con el apoyo de la Policía Nacional de Panamá. Durante la operación, fue arrestado un exfuncionario del Consejo Comunitario Belisario Porras y una persona privada, buscados por los delitos de peculado y contra la fe pública en perjuicio del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot). Según las autoridades, la investigación determinó una pérdida económica para el Estado que supera los 1,4 millones de dólares, relacionada con supuestas irregularidades en la manejo de fondos destinados a programas de apoyo social. Las personas detenidas en esta nueva fase fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales para los procedimientos correspondientes. Esta acción corresponde a la segunda fase de la Operación 'Istmo', ya que en mayo de 2025 se realizó una primera etapa en la que fueron capturadas 14 personas en el distrito de San Miguelito, que luego enfrentaron audiencias por delitos contra la administración pública. Los procedimientos tuvieron lugar en áreas como Brisas del Golf y Samaria, en San Miguelito, donde las dos personas vinculadas a la investigación fueron detenidas. El caso se remonta al 1 de junio de 2023, cuando se inició una investigación después de que se encontraron 36 cheques pertenecientes a Miviot y 20,000 dólares en efectivo dentro de un vehículo. Las investigaciones del Ministerio Público también determinaron que algunos beneficiarios de estos cheques simultáneamente tenían contratos de trabajo con instituciones públicas y empresas privadas. Las autoridades indicaron que los arrestados estaban vinculados a estos eventos como supuestos cómplices en los delitos investigados.
Dos arrestados por multimillonario desfalco: Caso Miviot
Dos personas arrestadas en la operación 'Istmo 2.0' de Panamá por desfalcar más de 1,4 millones de dólares destinados a programas sociales. Los sospechosos están vinculados al Ministerio de Vivienda.