El presidente de la República, José Raúl Mulino, advirtió que las empresas que prestaban servicios o mantenían contratos vinculados a la concesión de Panama Ports Company deberán adaptarse a la nueva realidad jurídica tras el fallo que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y la compañía. En su conferencia semanal, el presidente explicó que las compañías que operaban amparadas por la concesión, tanto dentro como fuera de los puertos, están en la misma situación que PPC. “Se quedaron sin contrato”, enfatizó el mandatario. Mulino dijo que, si bien se trata de empresas que prestan servicios relevantes dentro de la cadena logística, la solución no pasa por el Gobierno central, sino por negociaciones directas con los nuevos operadores. Resaltó que, bajo el anterior esquema de concesión, ninguno de esos arrendatarios pagaba un dólar de impuestos al Estado, aun siendo Panamá accionista en PPC. Ayer (miércoles) me informó una importantísima naviera europea que su casa matriz va a hacer gestiones ante el Gobierno francés para que suspendan a Panamá de esa lista. Indicó que no se expulsará a ninguna empresa europea que ya esté operando en territorio nacional. “Tenemos que hacernos respetar por los europeos. Todos tienen que pagar impuestos, incluyendo los operadores transitorios”, sostuvo Mulino. Además, enfatizó que no habrá excepciones fiscales en este nuevo período. “Nadie va a estar exento”, añadió. Al ser cuestionado sobre su decisión de no permitir a empresas europeas hacer negocios en Panamá hasta que nuestro país sea sacado de sus listas discriminatorias, el mandatario aclaró que esta prohibición abarca solo futuras licitaciones con el Estado. “Eso se acabó. Ese es un buen ejemplo, porque esas listas son políticas”.
