El presidente de la República, José Raúl Mulino, devolvió a la Asamblea Nacional sin ser sancionado el proyecto de ley 145, luego de encontrar razones para objetarlo en su conjunto, al presentar vicios de inconstitucionalidad. El proyecto incide en competencias propias del Órgano Ejecutivo, genera obligaciones administrativas y posibles erogaciones sin establecer fuente de financiamiento ni incorporar previsiones presupuestarias. En su nota fechada el 24 de marzo de 2026, dirigida al presidente de la Asamblea, Jorge Luis Herrera, se señala que el proyecto es inconveniente por la falta de claridad en la definición de la población objetivo y por posibles conflictos de competencia entre el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), el sistema educativo y las universidades. Asimismo, el proyecto omite el rol rector de la Secretaría Nacional de Discapacidad al no establecer una coordinación obligatoria. La implementación de programas, certificaciones y plataformas tecnológicas que propone el proyecto implicaría erogaciones presupuestarias sin que se establezca una fuente de financiamiento. El proyecto también ignora la normativa preexistente en materia educativa, función que recae en el Ministerio de Educación.
